Hoy quiero compartir con ustedes este excelente editorial escrito por mi compañera, Cecilia Sánchez, para el Boletín Nº 106 del IARSE.
Hace unos días, cinco niños de entre 3 meses y 8 años, dos madres adolescentes de 13 y 14, y un joven de 22 años murieron en Villa Valeria (localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Córdoba), al incendiarse un vagón de tren donde vivían. Aparentemente, los ocupantes estaban tratando de combatir el frío con una estufa en malas condiciones. A simple vista, la tragedia podría inscribirse en el marco de las muertes que ocurren todos los inviernos por problemas relacionados con calefactores fallidos, pérdidas de gas, inhalaciones de CO2, entre otras.
Sin embargo, a este caso se le agrega un dramático ingrediente que no tuvo mucha difusión y fue opacado por la magnitud de la noticia: estos niños formaban parte de grupos de “trabajadores golondrina” que por temporada van migrando indefinidamente en busca de trabajo. Por lo visto, los trabajadores vinieron a estos pagos tentados por las prósperas cosechas del sector agrícola cordobés. Las familias trabajaban en zonas aledañas al lugar y no tenían casa, por lo que no les quedó otra que vivir en un tranvía abandonado. Según el diario La Voz del Interior, luego de la tragedia, el gobierno prometió trasladar a los sobrevivientes (en los vagones vivían dos familias) a un galpón, hasta tanto se les pudiera conseguir una casa.
Pero surge el interrogante: ¿es sólo responsabilidad del Estado? ¿A quién (o quiénes) se debe adjudicar la responsabilidad por la suerte de esas personas? El hecho trae a la memoria otro suceso, con algunos puntos en común, ocurrido en Buenos Aires durante el 2006. Un taller de costura clandestino se incendió dejando como resultado dos costureros y cuatro niños muertos. La amplia difusión pública del acontecimiento fue disparador de numerosos reclamos, denuncias e investigaciones sobre la realidad del sector textil argentino. En marzo del corriente año, los dueños del taller fueron procesados por “Incendio culposo seguido de muerte”. Podría decirse que el tema ha dejado de ser ajeno para una sociedad que muchas veces oculta estos “monstruos” en el ropero.
Como ejemplo de los avances logrados, cabe citar un informe presentado hace unos días en Argentina titulado: “Quién es quién en la cadena de valor del sector de Indumentaria Textil”. Realizado conjuntamente por Fundación El Otro, Red Puentes Argentina e Interrupción, el estudio buscó relevar a los actores involucrados en la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria en nuestro país, que directa o indirectamente están vinculados a la problemática del trabajo esclavo en los talleres de confección. Según los datos obtenidos, el sector dio cuenta de un movimiento en el comercio de prendas por u$s 5.000 millones en 2005.
Sin embargo, “representa el 25% del trabajo no registrado en el país” y se ha probado que involucra “la trata de personas y el trabajo esclavo”. El siniestro en el taller también llevó a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lanzara en 2006 el Programa de Certificación Voluntaria “Compromiso Social Compartido” para empresas de indumentaria. De acuerdo con el organismo, la iniciativa se implementó ya que no podría concebirse la “calidad” de un producto fabricado bajo condiciones degradantes de la condición humana o el ambiente. Funciona así: una vez que las empresas han cumplido determinados requisitos, han sido auditadas por el Instituto y tienen además implicada en el programa a toda su red de proveedores, reciben del Instituto una certificación que acredita su compromiso.
Así, la compañía se destaca ante sus competidoras por ofrecer al mercado lo que se dio en llamar “Ropa Limpia”. Una iniciativa de estas características parte de la premisa de que una empresa (por más pequeña que sea) no puede desentenderse de lo que pasa a su alrededor y, menos aún, de lo que ocurre a lo largo de su cadena de valor.
El impacto que nuestro producto/servicio tenga, debe ser medido también en función a sus condiciones de producción. La manera más sencilla de cuestionarse si estamos haciendo bien las cosas, es plantearse cómo la empresa hace su dinero; cómo hace sus productos. Esto sirve para no enterarnos luego de que manos infantiles cosen pelotas de fútbol que patean jugadores como David Beckham o Ronaldinho; que niños mejicanos bordan disfraces de Barbie o Harry Potter que otros niños norteamericanos utilizan en Halloween; que esclavos de origen boliviano confeccionan prendas que visten nuestros hijos todos los días; por citar unos ejemplos.
Indudablemente, a este tipo de actitudes deberá corresponderle una ciudadanía que premie o castigue con su compra. ¿De qué sirve que una empresa fabrique de manera responsable, si los consumidores se guían por otras motivaciones a la hora de adquirir un bien o un servicio? Asimismo, deberá sumársele un Estado que regule, fiscalice y castigue, sobre todo la violación de las leyes de trabajo vigentes. A la investigación sobre el sector textil y a la iniciativa del INTI, se suma el Proyecto de Ley presentado recientemente por dos diputados titulado “Certificados Libre de Mano de Obra Infantil” destinado a productos, servicios y/o empresas.
De acuerdo con el boletín de noticias de ComunicaRSE, el sello buscaría avalar la “no utilización de mano de obra infantil sobre la producción de bienes y servicios en todo el territorio de la República Argentina”. De aprobarse, las empresas de producción agropecuaria, industrial, manufacturera y/o de servicios que trabajan en el país, podrán adherirse en forma voluntaria al sistema de certificación.
Proyectos de ley, investigaciones, certificaciones, conciencia. Pequeños pasos. Quizás algún día las acciones vengan antes que las tragedias. Tal vez en un futuro podamos dar cuenta de que alguien se preocupó de que a las verduras que comimos en el almuerzo las recolectaran trabajadores con una casa a la cual volver después de la cosecha, en vez de un vagón con una estufa rota.
Cecilia Sánchez
Área de Comunicaciones IARSE
csanchez@iarse.org
Hace unos días, cinco niños de entre 3 meses y 8 años, dos madres adolescentes de 13 y 14, y un joven de 22 años murieron en Villa Valeria (localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Córdoba), al incendiarse un vagón de tren donde vivían. Aparentemente, los ocupantes estaban tratando de combatir el frío con una estufa en malas condiciones. A simple vista, la tragedia podría inscribirse en el marco de las muertes que ocurren todos los inviernos por problemas relacionados con calefactores fallidos, pérdidas de gas, inhalaciones de CO2, entre otras. Sin embargo, a este caso se le agrega un dramático ingrediente que no tuvo mucha difusión y fue opacado por la magnitud de la noticia: estos niños formaban parte de grupos de “trabajadores golondrina” que por temporada van migrando indefinidamente en busca de trabajo. Por lo visto, los trabajadores vinieron a estos pagos tentados por las prósperas cosechas del sector agrícola cordobés. Las familias trabajaban en zonas aledañas al lugar y no tenían casa, por lo que no les quedó otra que vivir en un tranvía abandonado. Según el diario La Voz del Interior, luego de la tragedia, el gobierno prometió trasladar a los sobrevivientes (en los vagones vivían dos familias) a un galpón, hasta tanto se les pudiera conseguir una casa.
Pero surge el interrogante: ¿es sólo responsabilidad del Estado? ¿A quién (o quiénes) se debe adjudicar la responsabilidad por la suerte de esas personas? El hecho trae a la memoria otro suceso, con algunos puntos en común, ocurrido en Buenos Aires durante el 2006. Un taller de costura clandestino se incendió dejando como resultado dos costureros y cuatro niños muertos. La amplia difusión pública del acontecimiento fue disparador de numerosos reclamos, denuncias e investigaciones sobre la realidad del sector textil argentino. En marzo del corriente año, los dueños del taller fueron procesados por “Incendio culposo seguido de muerte”. Podría decirse que el tema ha dejado de ser ajeno para una sociedad que muchas veces oculta estos “monstruos” en el ropero.
Como ejemplo de los avances logrados, cabe citar un informe presentado hace unos días en Argentina titulado: “Quién es quién en la cadena de valor del sector de Indumentaria Textil”. Realizado conjuntamente por Fundación El Otro, Red Puentes Argentina e Interrupción, el estudio buscó relevar a los actores involucrados en la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria en nuestro país, que directa o indirectamente están vinculados a la problemática del trabajo esclavo en los talleres de confección. Según los datos obtenidos, el sector dio cuenta de un movimiento en el comercio de prendas por u$s 5.000 millones en 2005. Sin embargo, “representa el 25% del trabajo no registrado en el país” y se ha probado que involucra “la trata de personas y el trabajo esclavo”. El siniestro en el taller también llevó a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lanzara en 2006 el Programa de Certificación Voluntaria “Compromiso Social Compartido” para empresas de indumentaria. De acuerdo con el organismo, la iniciativa se implementó ya que no podría concebirse la “calidad” de un producto fabricado bajo condiciones degradantes de la condición humana o el ambiente. Funciona así: una vez que las empresas han cumplido determinados requisitos, han sido auditadas por el Instituto y tienen además implicada en el programa a toda su red de proveedores, reciben del Instituto una certificación que acredita su compromiso.
Así, la compañía se destaca ante sus competidoras por ofrecer al mercado lo que se dio en llamar “Ropa Limpia”. Una iniciativa de estas características parte de la premisa de que una empresa (por más pequeña que sea) no puede desentenderse de lo que pasa a su alrededor y, menos aún, de lo que ocurre a lo largo de su cadena de valor.
El impacto que nuestro producto/servicio tenga, debe ser medido también en función a sus condiciones de producción. La manera más sencilla de cuestionarse si estamos haciendo bien las cosas, es plantearse cómo la empresa hace su dinero; cómo hace sus productos. Esto sirve para no enterarnos luego de que manos infantiles cosen pelotas de fútbol que patean jugadores como David Beckham o Ronaldinho; que niños mejicanos bordan disfraces de Barbie o Harry Potter que otros niños norteamericanos utilizan en Halloween; que esclavos de origen boliviano confeccionan prendas que visten nuestros hijos todos los días; por citar unos ejemplos.
Indudablemente, a este tipo de actitudes deberá corresponderle una ciudadanía que premie o castigue con su compra. ¿De qué sirve que una empresa fabrique de manera responsable, si los consumidores se guían por otras motivaciones a la hora de adquirir un bien o un servicio? Asimismo, deberá sumársele un Estado que regule, fiscalice y castigue, sobre todo la violación de las leyes de trabajo vigentes. A la investigación sobre el sector textil y a la iniciativa del INTI, se suma el Proyecto de Ley presentado recientemente por dos diputados titulado “Certificados Libre de Mano de Obra Infantil” destinado a productos, servicios y/o empresas.
De acuerdo con el boletín de noticias de ComunicaRSE, el sello buscaría avalar la “no utilización de mano de obra infantil sobre la producción de bienes y servicios en todo el territorio de la República Argentina”. De aprobarse, las empresas de producción agropecuaria, industrial, manufacturera y/o de servicios que trabajan en el país, podrán adherirse en forma voluntaria al sistema de certificación.
Proyectos de ley, investigaciones, certificaciones, conciencia. Pequeños pasos. Quizás algún día las acciones vengan antes que las tragedias. Tal vez en un futuro podamos dar cuenta de que alguien se preocupó de que a las verduras que comimos en el almuerzo las recolectaran trabajadores con una casa a la cual volver después de la cosecha, en vez de un vagón con una estufa rota.
Cecilia Sánchez
Área de Comunicaciones IARSE
csanchez@iarse.org
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